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Comunicado de Francisco Calderón y Jesús Mesa, en respuesta al Obispado

elcabildo.org | Martes, 13 Marzo 2018 Escribir un comentario

Ante el comunicado emitido por el Obispado de Málaga a través de la Diócesis Málaga y los medios locales de comunicación, nos vemos en la necesidad y el deber moral de poner en conocimiento de la opinión pública la verdad de los acontecimientos y realizar las siguientes aclaraciones:

 

1.- Cuando se decretó el 7 de enero de 2015 el nombramiento de un comisario para la intervención de la cofradía, la Junta de Gobierno ya estaba cesada desde el mes de octubre de 2014, en que fue convocado el Cabildo general de elecciones, y tan solo se encontraban en funciones, el Hermano Mayor y los cargos prescritos en las Reglas para el proceso electoral.

La primera irregularidad la comete el propio Obispado al admitir un recurso de la otra candidatura, totalmente extemporáneo, ya que habían sido aprobadas y proclamadas y presentadas las mismas, por lo tanto, cerrado el plazo de admisión de recursos, de acuerdo con el calendario electoral recogido en las Reglas y en las propias bases del obispado.

Y en segundo lugar, y como consecuencia de ello, suspender el cabildo y todo el proceso electoral una vez llegado al final del propio calendario reglamentado.

Es precisamente lo contrario al procedimiento seguido por la jerarquía, en casos similares o posteriores, que no son admitidos recursos fuera de los plazos establecidos, o bien estipulando unos tiempos de presentación sin dar fehacientemente las fechas con meridiana claridad.

 

2.- Según el Obispado desde el primer momento de tomar posesión el comisario, se detectan una serie de irregularidades que pone en conocimiento de la jerarquía eclesiástica, obligando a ésta a abrir una investigación. Sin embargo, antes de iniciarse el referido proceso, (noviembre de 2015) ya se publican las iniciales de dos personas, los que suscribimos, como culpables de esas presuntas irregularidades, sometiéndonos al escarnio público (5 de febrero de 2015). Algo incomprensible en todo procedimiento, vulnerándose los principios fundamentales y generales que deben de regir cualquier proceso, incluido el de la presunción de inocencia, y más teniendo en cuenta el ámbito religioso del que se trata, demostrando una actitud totalmente ajena a la propia esencia de la caridad cristiana y de la actitud maternal de la Iglesia, que desde la jerarquía eclesiástica se alude en el comunicado.

Cuando se instruyen expedientes a diferentes cargos de la Junta de Gobierno, no son ciertos dos aspectos que se recogen. El primero lo constituye, la falta de independencia e imparcialidad durante la instrucción, pues es nombrado instructor, un supuesto amigo personal del propio Obispo, procedente de la diócesis de Alcalá la cual tiene un ámbito de actuación ajeno al nuestro que lo hace totalmente desconocedor de los asuntos de nuestra diócesis, pese a ello es nombrado adrede, no constituyendo su designación garantía alguna para el proceso. Y el segundo aspecto lo constituye LA NULIDAD DE PLENO DERECHO EXISTENTE EN EL PROCESO, puesto que uno de los inculpados y posteriormente sancionado, Tesorero Episcopal y colaborador del comisario, tuvo acceso a la documentación, base de datos de la cofradía, etc. durante más de dos años, por lo que las supuestas pruebas pueden estar viciadas, al poder tener un interés personal en verse totalmente fuera de toda sospecha y de supuesta culpabilidad.

No obstante, y en cuanto a las penas impuestas, tampoco es cierto que estas se aplicaran inferiores a las establecidas en las Reglas de la Hermandad, pues ni tan siquiera las aplicadas, estaban recogidas en las referidas Reglas, prohibiéndose, entre otras sanciones, la pertenencia a otras cofradías. Algo no ocurrido jamás, al menos en esta diócesis.

 

3.- Si algunos hermanos solicitaron la revocación o enmienda del decreto sancionador para la rebaja de las penas impuestas, lo sería previa recomendación efectuada a los afectados, cosa que no se produjo en quienes suscriben. En dos ocasiones, y por escrito, D. Francisco M. Calderón, solicitó al obispo diocesano audiencia y disculpas (caso de que pudiera haberse sentido ofendido por causa involuntaria), y en ninguna de ellas ha recibido respuesta alguna; por lo que es fácil entender que, a pesar de existir por esta parte, voluntad conciliadora y de entendimiento, esta voluntad no ha sido correspondida en el mismo sentido por parte del Obispado de Málaga. Buen ejemplo de Amor, Caridad cristiana y Misericordia tantas veces predicado desde la jerarquía eclesiástica.

 

4.- Efectivamente, tras haber sido rechazados nuestros recursos ante el Obispado de la diócesis, un determinado grupo de hermanos presentamos con fecha 15 de Junio de 2016, Recurso Jerárquico ante el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, el cual “INVITO” al Obispo a procediera a la revocación de sus decretos sancionadores de fecha 9 de Abril y de 25 de Mayo de 2016; lo que se hizo efectivo mediante su Decreto de Revocación de fecha 11 de Noviembre de 2016. No nos consta en el Decreto del mencionado Dicasterio recibido posterior a dicha fecha, ninguna otra indicación o vía de aplicación de medidas disciplinarias; si en cambio el archivo de los recursos presentados, deduciéndose fácilmente la declaración de NULIDAD de las actuaciones.

 

5.- No es cierto que el Dicasterio desestimara los recursos presentados. Lo que si quedó claro es que, una vez emitido por el Obispo el Decreto de Revocación de sus anteriores de fecha 9 de Abril y de 25 de Mayo, de fecha 11 de Noviembre de 2016, dichos recursos quedaban archivados, pues no había necesidad de pronunciamiento, ya que los referidos Decretos obispales habían sido revocados.

 

6.- Quienes recurrimos al Tribunal Supremo de la Santa Sede fue para que el Dicasterio entrara en el fondo de la cuestión, puesto que el comisario, siguiendo instrucciones del Prelado, (pues él mismo manifiesta que actúa en nombre y representación del Obispo), procedió a abrir nuevos expedientes; no existiendo tal posibilidad al haber sido revocadas las penas impuestas a invitación del Dicasterio. Por tanto, habiéndosenos dado pie de recurso ante el Alto Tribunal, mediante la aceptación de ciertas condiciones que no contemplamos para ese momento, y en defensa de nuestros derechos recurrimos ante dicho Tribunal. No entendiéndose cómo, habiendo resuelto el Dicasterio para los Laicos la Familia y la Vida, ÓRGANO SUPERIOR JERÁRQUICO AL OBISPADO DE MÁLAGA, es el comisario con la autorización del Prelado, puesto que actúa en su nombre y representación, el que ante los MISMOS HECHOS Y CON LAS MISMAS PRUEBAS contenidas en los expedientes archivados, inicia la apertura de nuevos expedientes en el mismo sentido.

Hemos de dejar constancia, que en el caso de aquellos recursos que no fueron aceptados ante el Dicasterio, lo fue porque desde el Obispado, presuntamente se presentaron pruebas que no reflejaban la realidad sobre el plazo de interposición, al considerarlos extemporáneos, impidiendo que el Dicasterio pudiera entrar en el fondo del asunto y así poder solicitar la revocación de las sanciones impuestas como ocurriera con aquellos que fueron objeto de la misma; tal fue el caso de D. Jesús Mesa, que junto a otros dos hermanos se vieron obligados a recurrir ante el Tribunal Superior de la Signatura Apostólica.

 

7.- Conocemos perfectamente lo especificado en las Reglas de la Hermandad, por lo que consideramos que se ha actuado con una presunta predisposición incriminatoria y falta de caridad cristiana, vulnerando la presunción de inocencia contra algunos encausados por parte del Obispado, mientras que para otros se esgrime la menor gravedad de la falta y dejar sin efecto penas de forma discriminatoria, según interese, mostrando la total discrecionalidad por parte del Obispado. Esta presunta predisposición es fácilmente deducible en el contexto del comunicado de fecha 6 de marzo realizado por el Obispado de Málaga.

 

8.- El proceso incoado desde la cofradía a quienes fueran su Hermano Mayor y Teniente Hermano Mayor, durante más de dieciséis años, cofradía a la que prestaron plena y total dedicación y esfuerzo, no ya solo desde su mandato como tal, sino previamente desde al menos los cinco años anteriores, no es ya, que haya sido injusto por la total carencia de sentido de la gratitud para con el trabajo y entrega realizado, sino que es totalmente ilegal, por cuanto la capacidad de abrir expediente sancionador y su ejecución es exclusivamente competencia de los cargos nombrados mediante elección. Por tanto, si se esgrimen las Reglas de la Hermandad para la aplicación de sus normas, deben serlo en toda su extensión, y no dependiendo de criterios de conveniencia y discrecionalidad. Por lo que es fácilmente deducible que el comisario, aún actuando en nombre del Obispo, no puede vulnerar la independencia de la cofradía que se rige por sus propias Reglas, y a mayor abundamiento aclarar que, su nombramiento fue solo y exclusivamente para un supuesto y determinado incidente, como se apunta en el apartado siguiente. Por todo ello, ante la ratificación por el Obispo de la pena impuesta, y la no aceptación del recurso por extemporáneo ante el superior jerárquico, nos hemos visto obligados a recurrir nuevamente al Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida, en defensa de los derechos que nos asisten.

 

9.- Lo que verdaderamente hay que entender es que ha sido una “intervención encubierta”, puesto que el nombramiento del comisario mediante decreto de 7 de Enero de 2015, lo fue para “asumir el pleno gobierno y administración TEMPORAL de la corporación a fin de tutelar la apertura y desarrollo hasta su culminación de un nuevo proceso electoral”. Solo y exclusivamente y no sine die.

El comisario no ha hecho una labor encomiable en la Hermandad, como pretende asegurar el Obispado en su comunicado, sino todo lo contrario, aunque puede que entienda por labor encomiable llevar a cabo la división, desprestigio y aislamiento de determinados hermanos y actuar conjuntamente con la jerarquía de un modo injustificado e incomprensible con la actitud de la Iglesia del siglo XXI.

Solo confiamos en que los órganos jerárquicamente superiores, en breve, impongan orden ante la situación que tan injustamente estamos padeciendo, y en que se restablezca la justicia y el honor que nos ha sido privado ante la opinión pública.

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